domingo, 19 de julio de 2015

Adiós, María Dolores 

Afinidades y simpatías político-ideológicas aparte, hoy quiero celebrar con vosotros mi equivocación acerca de la reelección de María Dolores de Cospedal como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Yo la creía inevitable y me equivoqué. Comprended que no pida perdón, voy a explicarme ahora mismo; y no os enojéis por la interjección de júbilo del final.




Un gobernante debe gobernar, es decir debe gestionar recursos económicos, humanos, materiales, etcétera, respetando la Constitución y el ordenamiento jurídico del Estado, trabajando con transparencia y siguiendo el programa electoral de su partido. Por lo tanto siempre debe actuar en conciencia y en justicia, incluso cuando se propone favorecer a determinados grupos. Pero nunca debería actuar, ni consciente ni inconscientemente, en perjuicio de colectivos profesionales o sociales inculpándolos públicamente, para colmo, de su caída en desgracia.

No hay peor gobernante que aquél o aquella que gobierna con rabia y que divide a los ciudadanos mediante el enfrentamiento sistemático. Lo mismo puede decirse de cualquier jefe que ya enfrenta ya infama a sus subordinados según las circunstancias. ¿Qué espera ese perfil de líder de los demás? ¿El lametón sumiso del perrillo que se somete al amo aunque sea cruel?

Me imagino que por maniqueísmo, el gobierno saliente se ha ensañado desde el principio contra su propio personal, los funcionarios, seguramente para justificar la designación de altos cargos de confianza –a dedo– no por su aptitud sino por su desapego a lo público. Por cierto, ¿cómo puede gestionar la Administración pública un alto cargo que no cree en lo público ni respeta al pueblo ni a sus trabajadores? ¿Y un gobierno en pleno?

El gobierno de Cospedal tenía aceite de ricino para todo el mundo: proveedores de la Administración, farmacéuticos, ancianos del medio rural a quince minutos –de helicóptero, supongo– del servicio de urgencias más próximo, niños desplazados de sus escuelas rurales, mujeres maltratadas, personas dependientes en general, manifestantes reclamando derechos, servicios o trabajos perdidos... Y así podríamos continuar hasta incluir la fauna y la flora de los “montes de titularidad pública en suelo no urbano”, susceptibles de venta en la Castilla-La Mancha de nuestra ex-presidente regional.

Esa política de actuación ha supuesto la reedición de las dos tácticas más toscas de los peores gobernantes y jefes de la historia de la humanidad. Por un lado, se ha aplicado la máxima clásica de “divide y vencerás”, fundamental para los antiguos emperadores y virreyes, útil para sostener dictaduras, todavía válida para ganar batallas y guerras, cierto, pero indecente para gobernar en democracia. Y, por otro lado, se ha puesto en práctica el eslogan más bien cinematográfico de “coge el dinero y corre” o, parafraseándolo liberalmente, privatiza y lárgate a toda leche.

Visto lo visto, los recortes casi han sido lo de menos. Cuando estás convencida de que tienes que hacer algo por necesidad, lo debes hacer por coherencia y por razón de Estado. Aunque, si te postulas como la abanderada de vanguardia de las políticas de austeridad de tu partido en el país, deberías ser coherente renunciando desde el primero hasta el último de tus sueldos y sobresueldos institucionales para dar ejemplo. Así en nombre de una austeridad única de aplicación universal, también para los altos cargos y los ejecutivos, la gente podría aceptar mejor que congelases sus salarios o que les secuestrases la paga extra o que ampliases su jornada laboral a cambio de nada o, directamente, que los destinases a las salas de espera del Servicio Público de Empleo.

Lo de más ha sido el cinismo con el que han tratado de hacernos ver lo blanco negro. Hay que tener jeta para intentar siquiera convencernos de que la mejor opción de la sanidad pública es la privatización: es decir, la cesión de instalaciones, equipos, profesionales y funcionarios públicos a empresas privadas… Permitidme la simpleza de recordar que toda empresa privada tiene ánimo de lucro. Luego, si la sanidad es un negocio rentable para algunos, eso quiere decir que es sostenible como servicio público. Sólo hay que designar a los altos cargos adecuados –funcionarios de carrera expertos en cada campo, con competencias, objetivos y responsabilidades bien definidos– en vez de colocar a dedo a altos cargos incapaces de coordinar y dirigir eficazmente a otros directivos.

Y lo peor, con mucho, han sido las maneras tardo-franquistas, autoritarias y represivas, que se han reimplantado en una administración pública democrática. Con el “acierto” de re-denominar a las tradicionales delegaciones provinciales de las consejerías como servicios periféricos, se ha instrumentalizado la Administración –con sus servicios de inspección y sus servicios jurídicos– no en beneficio de la gestión eficaz sino de la austeridad de la Administración pública y de la represión de los funcionarios. Toledo ha dictado medidas y los coordinadores provinciales –letrados de los servicios jurídicos de confianza– se han limitado a ejecutarlas insensiblemente y a apagar fuegos con la complicidad de los inspectores jefe, cometiendo prevaricación administrativa en la aplicación de normativa básica cuando ha sido preciso.

Entretanto, los malos trabajadores de la Administración –inspectores incluidos, que los hay– han seguido campando a sus anchas si eran amigos o correligionarios; al mismo tiempo que cualquier voz crítica, aún con pruebas documentales, ha sido silenciada por los servicios jurídicos de la Administración, envalentonada por la clausura de la justicia gratuita de Ruiz Gallardón. De modo que, alcanzando la cota máxima de retrogradación, también se ha llegado a sancionar y a aplicar normativa anti-constitucional sin reparo alguno.

Un ejemplo de lo último: el decreto que regula actualmente la elección de los directores de los centros docentes públicos en Castilla-La Mancha. En virtud del nuevo decreto, el proceso de elección deja de ser democrático y de garantizar suficientemente los principios de igualdad, capacidad y mérito, al entrar en juego el principio no escrito de “idoneidad ideológica” del candidato y de los representantes de la Administración en la comisión de elección. Si no, para qué querría una administración educativa controlar el 60% del voto en ese proceso.

Qué larguísimos cuatro años…

Por fin, el día 24 de mayo se abrió un horizonte que yo no tenía esperanza de ver aún. Gracias a los pactos –que, le pese a quien le pese, concuerdan muy bien con cualquier otro procedimiento democrático– se ha producido un prodigio. La fidelidad ciega, propia de los facciosos ignorantes y de los esclavos desbravados, y el desdén o la indolencia a la hora de actuar cuando y donde hay que hacerlo –en las jornadas electorales, por ejemplo–… ¿Son “rasgos ibéricos” que empezamos a abandonar? Lo escribo con reserva. Ojalá consigamos desterrar, para siempre, esos y otros atavismos ibéricos más.

Hay amores que matan y, cuando te libras de uno, tienes que gritar: ¡Aleluya!


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